LA SEGURIDAD CIUDADANA: UNA TAREA PENDIENTE Y PRIORITARIA

La Inseguridad Ciudadana manifestada en la criminalidad y la delincuencia, es un problema que está afectando no solamente a las clases económicas más pujantes de nuestro país o regiones; sino afecta principalmente a los grupos sociales más vulnerables y con altos índices de pobreza. Está destruyendo las estructuras sociales. En los últimos años, mientras el Perú ha crecido económicamente; la seguridad ciudadana y, en general, las condiciones de seguridad pública se han debilitado.

Este problema afecta tanto a una autoridad regional o alcalde, como también a un agricultor campesino o al poblador de un Asentamiento Humano. Es por tanto, tarea de nuestros diversos niveles de gobierno, buscar mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de manera inclusiva, afirmando una ciudadanía democrática y en paz social.

La seguridad ciudadana y la convivencia armoniosa debería ser uno de los derechos máximos que hay que fortalecerlos en nuestros pueblos y ciudades, para permitir un verdadero desarrollo social y económico de sus ciudadanos. Para ello las autoridades deberían implementar espacios de participación articulada de diversos actores sociales distritales, provinciales, que conjuntamente con los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional, elaboren diversas propuestas de proyectos para insertarlas dentro de los Presupuestos Participativos y los planes distritales, provinciales y regionales sobre Seguridad Ciudadana.

Es evidente que en un “País inseguro no habrá Desarrollo”, porque las causas obedecen a factores diversos como los socioeconómicos, culturales y educativos. La familia y la escuela como espacios primarios de socialización; y la comunidad y los medios de comunicación como los segundos; no están cumpliendo sus funciones de construir una sociedad “sana”, donde la convivencia y el respeto entre ciudadanos sea uno de los objetivos claves para una país armonioso y por ende con parámetros debidamente establecidos para el desarrollo social y humano; el crecimiento económico está en “piloto automático”.

En el país y sus regiones, los proyectos y estrategias para afrontar la inseguridad ciudadana no solamente tienen que tener un carácter REPRESIVO; es también de suma necesidad el carácter PREVENTIVO, ya que el problema nace desde los espacios familiares, cuando los que ahora delinquen, desde niños conviven con un ambiente inseguro. Por tanto, los diferentes niveles de gobierno del país deberían “gestionar la política” en torno a la seguridad ciudadana teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• Primero hay que implementar un Centro Integral y Articulador para la Prevención y Seguridad Ciudadana a niveles distritales, provinciales regionales y nacionales; el accionar en el tema de la inseguridad esta desarticulado, cada institución actúa por su lado. Una instancia institucional que articule a los diversos actores para analizar, planear e intervenir en torno a la inseguridad. Actores como la policía nacional, las rondas campesinas, urbanas y barriales; los juzgados de paz, los Serenazgos y otros.
• En segundo lugar hay que mejorar y repotenciar la capacidad logística, tecnológica y de infraestructura de las instituciones que tienen relación directa con el servicio de seguridad ciudadana. No puede ser posible que la policía no tenga una movilidad para trasladarse y hacer frente a la delincuencia. Es necesario implementarse con cámaras de video vigilancia, elementos de comunicación permanente y otras tecnologías que bien pueden tomarse de las experiencias exitosas de otros países.
• Por otro lado es de suma necesidad el carácter preventivo. Las Municipalidades y los Gobiernos Regionales deberían crear o implementar programas de capacitación e inserción laboral para jóvenes de 13 a 25 años en situación de pobreza y riesgo delincuencial. Esto debería incluir Centros Productivos de Capacitación Laboral donde se brinde a los beneficiarios la capacitación necesaria en diversas labores de acuerdo a la realidad productiva de los distritos, provincias y regiones. Por ejemplo, como estrategia las municipalidades o las regiones, deberían firmar convenios con las diversas empresas que operan en la jurisdicción, para que éstas puedan insertar a los jóvenes capacitados a un trabajo remunerado en sus empresas.
• Por último, es necesaria la implementación de programas y/o talleres de educación municipal o regional en aspectos de autoestima, socialización y seguridad ciudadana dirigido a jóvenes estudiantes de los centros educativos secundarios del país. La estrategia desde los gobiernos subnacionales sería coordinar con el Ministerio de Educación e instituciones locales educativas para implementar dichos talleres a través de una currícula aprobada conjuntamente.

En temas de Seguridad Ciudadana, no se puede seguir dando espacio a la Criminalidad y Delincuencia debido a la inacción de las autoridades Nacionales, Regionales y Municipales. Acá tiene que haber un trabajo conjunto de autoridades, sociedad civil y empresas. El problema de la inseguridad ciudadana es estructural y las autoridades tienen que liderar y poner en "la mesa" esta problemática.

El tema de la violencia tiene raíces sociales, educacionales, económicas; no se va a solucionar creando más cárceles o imponiendo penas severas. El problema tiene que complementarse con acciones de capacitación laboral, prevención, educación a los jóvenes y niños, cuyas familias o sociedad se encuentran en riesgo permanente con los temas de violencia y delincuencia, cambios en el sistema jurídico y de leyes. El problema de la delincuencia y criminalidad es un problema policial y a la vez social. Es prioritario un cambio necesario en las estructuras familiares y de la comunidad. Nuestro Perú se merece una ciudadanía que conviva en armonía y no “invadida” por la violencia y la delincuencia. Un gran desafío señores autoridades.