EL CONGRESO: LOS DUEÑOS DEL PERÚ
Tienen todo el poder sin contrapesos y han
reconfigurado al Estado a su favor. Han construido un Senado cuyo próximo
Presidente del país estará SOMETIDO a ellos, han debilitado el sistema de
justicia y controlado los organismos autónomos, consolidando un nuevo
equilibrio de poder que pone en jaque la débil democracia que tenemos.
Podemos decir que la relación entre el Congreso
y el Ejecutivo, ha dejado de ser un sistema de pesos y contrapesos para
convertirse en una relación de subordinación. Como señala el análisis del
Democratic Erosion Consortium, nuestro país ya no opera bajo una "democracia
delegativa" donde el Presidente gobierna por encima de las instituciones,
sino que ha mutado hacia una "legislatura delegativa", donde es el
Congreso el que reclama un mandato popular que no posee, para gobernar sin
control.
Es visible que tenemos a un Congreso mediocre,
mafioso y corrupto como los dueños del país, han SOMETIDO a todas las
instituciones y organismos autónomos. Este proceso de captura se evidencia en
el control de las siguientes entidades claves:
Tribunal
Constitucional (TC):
El Congreso tiene la función de elegir a los miembros del TC. La crítica actual
señala que esta designación ha respondido a criterios políticos y de blindaje
mutuo. Aprueban leyes inconstitucionales porque saben que tiene el aval del
Tribunal Constitucional, lo que sugiere una alineación de este órgano con los
intereses de la mayoría parlamentaria.
Junta Nacional de
Justicia (JNJ): Les
permite influir directamente en la composición del Poder Judicial y el
Ministerio Público, asegurando que los operadores de justicia no investiguen o
sancionen a los políticos que los designaron y los limpien a sus integrantes
del parlamento.
Ministerio Público
(Fiscalía de la Nación): Como consecuencia del control de la JNJ, la conducción del Ministerio
Público también ha caído bajo la esfera de influencia del Congreso. Poniendo a
un Fiscal acusado por ser un “Cuello Blanco” o suprimiendo Comisiones de Investigación
desde la fiscalía. Todo eso evidencia un debilitamiento de la persecución del delito
y la corrupción desde su misma cúspide.
Defensoría del Pueblo: Este organismo autónomo ha
"perdido su autonomía y actúa subordinada al Congreso", dejando de
lado su rol de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a
los abusos del poder político.
Instituto Nacional de
Radio y Televisión (IRTP) - TV Perú: Un caso paradigmático de captura es el del
canal estatal, a la cual el Congreso le obligó a transmitir en vivo las
sesiones del Pleno por un mínimo de dos horas diarias, así como resúmenes de su
labor.
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria-SUNEDU: Hicieron
una Reforma de la Ley Universitaria, facilitando la corrosión del sistema
universitario y dejando las puertas abiertas para el regreso de la creación de “universidades
bamba”.
Poder Ejecutivo: La institución más visiblemente
subordinada es la Presidencia de la República. Desde 2016, el Congreso ha
utilizado la figura de la "incapacidad moral permanente" para
destituir presidentes de manera sistemática. Esta práctica ha llevado a que, en
la práctica, sea el Parlamento el que designa al jefe de Estado. Esto ha
derivado en una suerte de "parlamentarización" de facto del sistema
de gobierno, donde el Ejecutivo depende de la confianza del Legislativo.
Hemos dejado de nombrar a otras instituciones y
organismos que están siendo ACOSADAS por este Congreso y que busca controlarlos
como el Poder Judicial, al JNE, a la ONPE, RENIEC, Policía y Fuerzas Armadas
entre otros. En su voraz camino de control del país, han modificado la
definición de "crimen organizado" en el Código Penal para excluir los
delitos de corrupción, dificultando su persecución. Asimismo, restringieron la
figura de la "colaboración eficaz", un mecanismo clave para obtener
información sobre redes de corrupción, y facilitaron la
"regularización" de la deforestación ilegal, protegiendo a
actividades ilícitas como la minería informal.
El Perú se encuentra ante una encrucijada
histórica. El Congreso ha construido un entramado legal y fáctico que le
permite controlar todo, como al Ejecutivo o someter al sistema de justicia y
disponer de los organismos autónomos a su antojo. El Congreso ha dejado de ser
un contrapeso para convertirse en el poder hegemónico que controla los demás
órganos del Estado, no a través de una reforma constitucional explícita, sino
mediante una interpretación laxa de sus atribuciones y la cooptación de las
instituciones clave.
Las elecciones generales de 2026 se presentan
como el escenario donde se definirá si este proceso de captura institucional se
consolida o si, por el contrario, la ciudadanía logra articular una alternativa
política capaz de restaurar el equilibrio de poderes y devolverle al Estado su
función de garante de derechos. Lo que está en juego no es solo un cambio de
nombres en el poder, sino la supervivencia de la democracia con un equilibrio
de poderes.
No podemos NORMALIZAR
que un Congreso con un alto rechazo ciudadano, con alianzas mafiosas, corruptas
y mediocres, ahora hasta PRESIDENTES NOS PONGAN.






