EL CONGRESO: LOS DUEÑOS DEL PERÚ

En unas horas este Congreso pondrá UN NUEVO PRESIDENTE/A. Con índices de rechazo que ronda el 95%, con escándalos de corrupción, con su estigma de subirse el presupuesto y los bonos, con sus negociados y sus leyes a favor de la criminalidad; con sus normas sacadas a favor de sus privilegios y sus reelecciones; este Congreso con representantes mediocres y corruptos, el PEOR Congreso de la historia; se han convertido en los VERDADEROS DUEÑOS del Perú.

Tienen todo el poder sin contrapesos y han reconfigurado al Estado a su favor. Han construido un Senado cuyo próximo Presidente del país estará SOMETIDO a ellos, han debilitado el sistema de justicia y controlado los organismos autónomos, consolidando un nuevo equilibrio de poder que pone en jaque la débil democracia que tenemos.

Podemos decir que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ha dejado de ser un sistema de pesos y contrapesos para convertirse en una relación de subordinación. Como señala el análisis del Democratic Erosion Consortium, nuestro país ya no opera bajo una "democracia delegativa" donde el Presidente gobierna por encima de las instituciones, sino que ha mutado hacia una "legislatura delegativa", donde es el Congreso el que reclama un mandato popular que no posee, para gobernar sin control.

Es visible que tenemos a un Congreso mediocre, mafioso y corrupto como los dueños del país, han SOMETIDO a todas las instituciones y organismos autónomos. Este proceso de captura se evidencia en el control de las siguientes entidades claves:

Tribunal Constitucional (TC): El Congreso tiene la función de elegir a los miembros del TC. La crítica actual señala que esta designación ha respondido a criterios políticos y de blindaje mutuo. Aprueban leyes inconstitucionales porque saben que tiene el aval del Tribunal Constitucional, lo que sugiere una alineación de este órgano con los intereses de la mayoría parlamentaria.

Junta Nacional de Justicia (JNJ): Les permite influir directamente en la composición del Poder Judicial y el Ministerio Público, asegurando que los operadores de justicia no investiguen o sancionen a los políticos que los designaron y los limpien a sus integrantes del parlamento.

Ministerio Público (Fiscalía de la Nación): Como consecuencia del control de la JNJ, la conducción del Ministerio Público también ha caído bajo la esfera de influencia del Congreso. Poniendo a un Fiscal acusado por ser un “Cuello Blanco” o suprimiendo Comisiones de Investigación desde la fiscalía. Todo eso evidencia un debilitamiento de la persecución del delito y la corrupción desde su misma cúspide.

Defensoría del Pueblo: Este organismo autónomo ha "perdido su autonomía y actúa subordinada al Congreso", dejando de lado su rol de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a los abusos del poder político.

Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) - TV Perú: Un caso paradigmático de captura es el del canal estatal, a la cual el Congreso le obligó a transmitir en vivo las sesiones del Pleno por un mínimo de dos horas diarias, así como resúmenes de su labor.

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU: Hicieron una Reforma de la Ley Universitaria, facilitando la corrosión del sistema universitario y dejando las puertas abiertas para el regreso de la creación de “universidades bamba”.

Poder Ejecutivo: La institución más visiblemente subordinada es la Presidencia de la República. Desde 2016, el Congreso ha utilizado la figura de la "incapacidad moral permanente" para destituir presidentes de manera sistemática. Esta práctica ha llevado a que, en la práctica, sea el Parlamento el que designa al jefe de Estado. Esto ha derivado en una suerte de "parlamentarización" de facto del sistema de gobierno, donde el Ejecutivo depende de la confianza del Legislativo.

Hemos dejado de nombrar a otras instituciones y organismos que están siendo ACOSADAS por este Congreso y que busca controlarlos como el Poder Judicial, al JNE, a la ONPE, RENIEC, Policía y Fuerzas Armadas entre otros. En su voraz camino de control del país, han modificado la definición de "crimen organizado" en el Código Penal para excluir los delitos de corrupción, dificultando su persecución. Asimismo, restringieron la figura de la "colaboración eficaz", un mecanismo clave para obtener información sobre redes de corrupción, y facilitaron la "regularización" de la deforestación ilegal, protegiendo a actividades ilícitas como la minería informal.

El Perú se encuentra ante una encrucijada histórica. El Congreso ha construido un entramado legal y fáctico que le permite controlar todo, como al Ejecutivo o someter al sistema de justicia y disponer de los organismos autónomos a su antojo. El Congreso ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en el poder hegemónico que controla los demás órganos del Estado, no a través de una reforma constitucional explícita, sino mediante una interpretación laxa de sus atribuciones y la cooptación de las instituciones clave.

Las elecciones generales de 2026 se presentan como el escenario donde se definirá si este proceso de captura institucional se consolida o si, por el contrario, la ciudadanía logra articular una alternativa política capaz de restaurar el equilibrio de poderes y devolverle al Estado su función de garante de derechos. Lo que está en juego no es solo un cambio de nombres en el poder, sino la supervivencia de la democracia con un equilibrio de poderes.

No podemos NORMALIZAR que un Congreso con un alto rechazo ciudadano, con alianzas mafiosas, corruptas y mediocres, ahora hasta PRESIDENTES NOS PONGAN.